Fascismo, the new “old” kid on the block

Por César J. Pérez Lizasuain*

La crisis no solamente se mide por sus diversos efectos económicos. La crisis también produce un campo simbólico y lingüístico importante y que constituye, en gran medida, su valor político. En el devenir de este intervalo de crisis tendremos que incorporar a nuestro léxico político el concepto de “fascismo”. Este concepto político se refiere a varias cosas: 1) a un movimiento social adscrito a una ideología que no admite diversidad de pensamiento puesto que su misma existencia se basa en una política de la “identidad fija”. El fascismo es la doctrina del “pensamiento único” catalogando como enemigo a todo actor social que desafíe la “identidad fija” en la cual se sostiene o que hilvane una narración alternativa-emancipadora; 2) en este caso las fuerzas fascistas dividen su mundo mediante la maniquea ecuación amigo-enemigo que plantea la eliminación del enemigo por cualquier medio posible; 3) como movimiento aspira a la ocupación del aparato de Estado y apuesta a su manejo autoritario superando las instituciones democráticas. En el Siglo XX la doctrina fascista se desarrolló, en gran parte, a raíz de crisis bélico-estructurales del sistema mundo capitalista. Ello desembocó con la experimentación de esta doctrina a través de la forma-estado: como lo es el recurrente ejemplo del régimen nazi, la Italia de Mussolini, la dictadura franquista que se instauró luego de la guerra civil española, los múltiples gobiernos dictatoriales en la América Latina, entre otros.

La emergencia del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, el retorno de la derecha en América Latina, el nacionalismo francés representado por Marine Le Pen y el auge de partidos políticos abiertamente neofascistas en Europa auguran a que asistimos en pleno Siglo XXI, de forma sistémica, a un renacimiento del fascismo particularmente en las sociedades del norte-occidental. Sin embargo, se trata de una mutación más compleja y amorfa que su versión original que esencialmente vivía enquistado en el Estado fascista. Se trata de lo que el sociólogo de origen portugués Boaventura de Sousa Santos llama la “emergencia del fascismo societal”: una versión más íntima, socializada y polifacética que la experimentada en el siglo pasado y que en esencia es el resultado de los patrones globales de acumulación de riquezas y división del trabajo promovidos por el fenómeno de la globalización neoliberal.

Santos define varias formas de este fascismo societal. De los que más se aproximan al caso puertorriqueño podemos mencionar los siguientes:

1. El fascismo del estado paralelo proviene de la lógica política del amigo-enemigo. Este tipo de Estado, como lo podemos apreciar en nuestro caso, se erige como protector de cierto tipo de población a la que considera más civilizada. Entiéndase aquella población que se concibe productiva económicamente y que sostiene un posicionamiento social más o menos privilegiado en el organigrama de poder colonial-capitalista en nuestro país. Por otro lado, para una población que considera cada vez más salvaje, el estado paralelo se manifiesta como fascista ante todo aquel actor social que performativa o discursivamente se presente como contra-poder. En este caso, entiéndase aquella población identificada como el movimiento estudiantil, el profesorado progresista, la figura del sujeto no productivo (pobre, desempleado, pensionado, etc), las y los trabajadores(as) que luchan por sus derechos, las ly los sujetos que retan la masculinidad y heteronormatividad hegemónica. En fin, toda práctica que envuelva algún grado de compromiso intelectual o cultural es catalogada como peligrosa.

2. El fascismo financiero según Santos es el más virulento y pluralista de los fascismos societales. Se trata del poder fáctico de los mercados financieros sobre las instituciones democráticas. Es el más virulento porque como ningún otro tipo de fascismo, éste promueve e impone el “pensamiento único” neoliberal que predica que para hacerle frente a la crisis es necesario la reducción del gasto público, la precarización del trabajo, la promoción del esfuerzo individual o emprendedor (“echarpalantismo” le llamaría Miguel Rodríguez Casellas) sobre la sociabilidad colectiva-solidaria, etc. (Para una discusión amplia sobre el desarrollo del “pensamiento único” en el Siglo XX refiérase al ensayo “Unidad y mutaciones del pensamiento único en economía” de Samir Amin).

En todo caso, las fuerzas fascistas financieras han invadido el espacio político y jurídico. Sobre todo, luego de la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en “Citizens United v. Federal Commission”, que le reconoce a corporaciones privadas el derecho a financiar económicamente a campañas políticas como parte de su libertad de expresión, el sector financiero ha vilipendiado a gusto y gana el estado de derecho de lo que ha sido el Estado de Bienestar Social. En el escenario local tenemos como síntomas violentos de este fascismo la Ley 7 de 2009 redactada e impulsada desde el sector financiero-privado (con actores tan visibles como Richard Carrión y el bufete McConnell y Valdés), la supeditación a la lógica de la ganancia de nuestro sistema de salud, educación y transportación pública (con Metropistas en el puntero), la reforma al sistema de retiro de los empleados públicos, la reforma laboral aprobada este año que “instaura un estado de inseguridad laboral” sobre miles de trabajadores públicos y privados, la negación a realizar una auditoría ciudadana a la deuda (en contubernio con el Estado), entre otros.

En este tipo de fascismo se distinguen también los tan mentados recortes como medidas para aliviar la crisis fiscal. Como lo es el recorte presupuestario que enfrenta la Universidad de Puerto Rico de 512 millones de dólares (lo que supone un recorte que supera el 50% de su presupuesto actual). La ilusión fascista de los recortes plantea que éstos son necesarios para fomentar un ahorro estructural que abone a la eficiencia de las instituciones (lo que constituye un total oxímoron) y que, a su vez, le permita al Estado acudir a los mercados financieros nuevamente. Sin embargo, en realidad los recortes no representan ningún tipo de ahorro. En todo caso son políticas, como asegura David Harvey, de “acumulación por desposesión” en donde la riqueza acumulada en unos sectores (bienes públicos como lo es el caso universitario) es sustraída para llenar el bolsillo de otro (en el caso puertorriqueño, de los acreedores bancarios y financieros).

3. Yo añadiría el fascismo jurídico, aunque Santos no lo menciona. Éste se encuentra íntimamente relacionado a los anteriores. Como lo ha documentado el profesor del Recinto Universitario de Mayagüez, José Atiles Osoria, desde la invasión estadounidense Puerto Rico ha estado sujeto a un “estado de excepción como regla” cuyo empleo se reflejó por mucho tiempo en la brutal represión que sufrió el independentismo puertorriqueño. Hoy día se trata, por un lado, de la emergencia de una lógica del “derecho penal del enemigo”. En este caso tenemos el nuevo Código Penal de 2012 que incorporó las llamadas enmiendas de la “Ley Tito Kayak”. Aquí se incorporan al cuerpo jurídico acciones fascistas y represivas dirigidas sobre todo a regular y reprimir la protesta social: como lo fueron las tácticas de tortura y acoso sexual empleadas por la Policía de Puerto Rico en la Huelga Estudiantil de 2010, los recientes secuestros a estudiantes universitarios en manifestaciones pacíficas por parte de policías sin identificación alguna y la demanda judicial presentada por los dueños del edificio Oriental Bank en la Milla de Oro contra estudiantes que se manifestaban pacíficamente en sus predios.

4. El fascismo judicial, aunque tampoco lo menciona Santos directamente. A éste tipo de fascismo se le puede considerar como una secuela del fascismo jurídico. Se trata del copo en la rama judicial de elementos (jueces y fiscales) que supeditan su neutralidad en los conflictos legales por una fidelidad a los poderes fácticos (financieros y de clase) y su filiación ideológica al partido de gobierno. O bien estos funcionarios son objeto del acoso de figuras de poder como lo han sido las amenazas que ha dirigido Tomás Rivera Schatz a la jueza Lauracelis Roques Arroyo.

De todas formas, el copo en la rama judicial de elementos y prácticas fascistas han tenido, a mi modo de ver y aunque no se limita a éstas, 5 instancias constitutivas: 1) como punto de partida el caso de Paseo Caribe (envuelto en un contubernio de conflictos de intereses entre la rama judicial y los poderes fácticos financieros); 2) la plena institucionalización de estas prácticas en el Tribunal Supremo de Puerto Rico tras los nombramientos que realizó el ex-gobernador Luis Fortuño Burset de jueces de extrema derecha y fundamentalistas desde el 2009; 3) la legitimación jurídica del estado de emergencia declarado por la Ley 7 en el caso de Dominguez v. ELA (2010); 4) la desacreditación, por una motivación puramente ideológica, de ese tribunal a la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos en el 2011; y 5) la validación de las prácticas de austeridad en el trabajo tras el caso Trinidad v. ELA (2013) que validó la reforma en el sistema de retiro de los empleados públicos.

5. Por último, Santos habla sobre el fascismo para-estatal. Se trata, en esencia, de la supeditación, por parte de los poderes financieros y corporativos, de “…las prerrogativas estatales de la coerción y regulación social”.

Hay dos tipos: uno contractual y otro territorial. Por el momento, nos fijaremos solamente en el último para aplicarlo al caso puertorriqueño. El fascismo territorial implica la ausencia o suspensión, promovido por los poderes fácticos, de las garantías democráticas y participativas en un territorio. Implica también, que los sectores financieros y corporativos (no electos democráticamente) emplean directamente sobre territorios y poblaciones enteras técnicas propias del “arte de gobernar”. Así, las grandes mayorías quedan excluidas de poder participar en la toma de decisiones sobre aquellas reformas de austeridad que van en detrimento de sus intereses.

Retomando nuestra historia reciente, en este tipo de fascismo se ubica PROMESA y la Junta de Control Fiscal (JCF). No olvidemos que el contenido normativo de PROMESA desde hace tiempo se nos aplica de facto (como “constitución material”). PROMESA no es otra cosa que el advenimiento de esa “constitución material” en “constitución formal” (las reformas legales e institucionales que actualmente enfrentamos). PROMESA es el resultado (inconcluso) de relaciones sociales de poder que han supeditado la esfera público-estatal bajo la “nueva” soberanía imperial de los mercados y de los sectores financieros, bancarios y privados. El lenguaje fascista para-estatal (sobre todo impulsado desde El Nuevo Día y GFR Media) ha creado la ilusión de que PROMESA viene a castigar a la corrupta clase política puertorriquescreenshot-docs.google.com 2017-04-24 21-42-40ña, pero ese no es el caso. Como hemos constatado, la JCF se ha repartido millones de dólares entre esa misma claque política. PROMESA no es alternativa de “éxodo”, es en todo caso la formalización de un modelo político-económico que se ha develado como históricamente fracasado.

El significante político del fascismo es una especie de “the new old kid on the block” en la experiencia puertorriqueña. Se trata, en efecto, de un viejo fantasma olvidado en la entrañas del Siglo XX pero que en realidad nunca abandonó “la razón de estado” en las llamadas democracias constitucionales que sobrevinieron a la Segunda Guerra Mundial incluyendo, en nuestro caso, al Estado Libre Asociado. Renace ese viejo fascismo incorporando nuevos actores y dispositivos biopolíticos como lo son la deuda y la precarización plena de la vida y el trabajo. Ya lo dijo el Capitán Cordero de la Policía de Puerto Rico a unos manifestantes en una protesta pacífica en la inmediaciones del Capitolio: “Las acciones de la Policía van a ser tan fascistas como ustedes determinen que van a ser”. Ha reaparecido un viejo-nuevo fascismo y para superarlo habrá que incorporarlo a nuestro ya transformado léxico político contra-hegemónico.

*Doctor en Sociología Jurídica y profesor adjunto de la Universidad de Puerto Rico en Cayey.

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